Daniela Mejía en https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/las-irregularidades-del-acuerdo-020-articulo-752405
En agosto de 2017 los habitantes del barrio Los Álamos, un exclusivo sector urbano al sudeste de Pereira, capital de Risaralda, entraron en desasosiego cuando ante sus ojos cayó la capa verde, alta y espesa que protegía uno de los terrenos que colinda con La Dulcera, una quebrada de 7.9 km de longitud de las más importantes de la ciudad, por la construcción de un edificio de 12 pisos llamado Élite. Fue todo un escándalo —además de justo—, digno de los escándalos que hacen los barrios de estratos altos cuando ven amenazados sus derechos y privilegios. El 17 de septiembre del año pasado, El Tiempo publicó una nota titulada “
La quebrada La Dulcera prueba lo amargo del progreso”, en donde se confirmaba que pese a las molestias que generaba la construcción del edificio entre los vecinos, todos los permisos estaban al día: la construcción era legal y se urbanizaría a 6 m de la quebrada porque ésta se encontraba canalizada.
La comunidad indagó y se encontró con que la norma que permitía que esa construcción se asentara a tan corta distancia de la quebrada era el Acuerdo 020 del 5 de noviembre de 2013, aprobado por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder). El escándalo, entonces, desveló una problemática de la que nunca se había hablado, ni convenía hablar: las quebradas y ríos canalizados de manera cerrada. Un tipo de obra que encauza una fuente hídrica por un tubo de metal o cemento, y que regularmente se encuentra cubierta por escombros que, bien apilados, crean un lleno, o suelo ficticio, para dar la impresión de que se está en un suelo plano, sin inclinaciones abruptas.
Debido a la presión social que ejerció la comunidad, y a una pronta respuesta de la Procuraduría Ambiental, se logró sentar en una sola mesa de diálogo, en noviembre de 2017, a varios representantes de la sociedad civil, a la misma Procuraduría y a la Carder para que hablaran públicamente sobre el asunto. La comunidad fue clara: las quebradas en Pereira deben ser a cielo abierto.
Los antecesores del Acuerdo 020
Es necesario seguirle la pista a las normas que precedieron al Acuerdo 020 de 2013 para entender su creación. Primero fue la Resolución 1245 de 1998, la cual fue modificada por la Resolución 314 de 2007. Ambas resoluciones siguieron una misma línea durante los nueve años que estuvieron vigentes: se permitía la intervención de cualquier cauce o fuente hídrica (canalización) bajo estrictos parámetros; las franjas protectoras ubicadas a ambos lados de las fuentes hídricas permanentes no intervenidas, o zonas de retiro de los cauces permanentes, no eran menores que 15 m ni mayores que 30 m, y se tenía en cuenta un periodo de retorno de 50 años para demarcar estos retiros, o lo que es lo mismo: se tenía en cuenta hasta dónde había subido el nivel del agua en los últimos 50 años, y con base en ello se determinaba el metraje de la zona de retiro o de protección que debía dejarse sin intervención.
El bloque de Acuerdos funcionó bien hasta que
el fenómeno de La Niña golpeó duramente a Colombia en el año 2010, e hizo su estocada final en el 2011: Colombia se inundó. Según el Registro Único de Damnificados por la Emergencia Invernal 2010-2011, publicado por el Dane, hubo 2.240.218 personas damnificadas, de las cuales 28.770 eran risaraldenses. La catástrofe nacional ameritaba repensar la norma regional, hacerla más restrictiva y juiciosa, y bajo ese contexto la Carder anunció la creación del
Acuerdo 028 de 2011 (1), el mismo que más adelante sería modificado por el controversial Acuerdo 020 de 2013.
El Acuerdo 028, entonces, agrupó las Resoluciones 1245 y 314, mantuvo las franjas de protección de las fuentes hídricas no intervenidas entre 15 m y 30 m y aumentó el periodo de retorno de estas fuentes a 100 años.
El Acuerdo también agregó dos conceptos sensibles: la posibilidad de ocupar con llenos, es decir, con escombros bien apilados, los cauces de las fuentes hídricas intermitentes que no alimentasen los humedales priorizados por la misma Carder y determinó que a las fuentes hídricas permanentes, que estuvieran canalizadas, había que respetarles un retiro lateral mínimo de 15 m y, si la canalización o el cauce de la fuente se ubicaba a más de 15 m de profundidad, el retiro sería de dos veces la profundidad del lleno. El ingeniero civil Guillermo Rincón, funcionario de la Carder que participó en la creación de los Acuerdos 1245, 314, 028 y quien debe aplicar el 020, pero que no participó en su creación —se mostró abiertamente en contra de éste, razón por la cual no fue convocado por sus superiores para el estudio— aseguró que el criterio para delimitar esas franjas fue el siguiente: “si se demarcaron 15 m de protección para una quebrada abierta, ya sea en forma de u o v, y se debió canalizar por uno u otro motivo, pues, respetémosle su franja de 15 m de protección; en cualquier momento se nos puede dar un proceso de taponamiento, de desplome de la tubería, de lo que sea, y lo ideal es que haya un espacio suficiente para poder entrar a trabajar”.
Efectivamente, esas dos nuevas reglas entraron a regular una maniobra del gremio constructor que se hacía desde tiempo atrás: tomar tierra que involucrase agua y, con técnicas de ingeniería, volverla urbanizable. No obstante, si se mira en retrospectiva, la norma parecía ser precavida y desincentivaba el uso de la canalización como excusa para ganar terreno urbanizable: si lo mínimo que debía dejarse como franja protectora de una fuente hídrica, estuviera canalizada o no, eran 15 m, de nada servía la excusa de canalizarla o continuar con la canalización que otro hubiese iniciado, el metraje que se respetaba, en la mayoría de los casos, era el mismo. Sin embargo, a finales de 2013, con la creación del Acuerdo 020, eso estaba a punto de cambiar.
Contenido y alcances del Acuerdo 020
Si en el Acuerdo 028 las franjas protectoras o zonas de retiro de las fuentes hídricas canalizadas de manera cerrada eran de 15 m, y en cualquier caso no menores que 15 m —al igual que aquellas fuentes hídricas no canalizadas—, el
Acuerdo 020 (2), en su artículo cuarto, disminuyó a 6 m esas franjas protectoras.
Por otra parte, en su artículo segundo intervino el parágrafo 5 del Acuerdo 028, solo para agregarle la siguiente frase: “diferentes a los regulados en el presente Acuerdo”. Por lo tanto, el antiguo parágrafo, que antes aseguraba: “Para la delimitación de la zona de retiro de los humedales, se debe tener en cuenta lo dispuesto en la Resolución 0157 de 2004, modificada por la Resolución 1128 de 2006 y la Resolución 0196 de 2006 (…)” (sic), el Acuerdo 020 lo modificó así: “Para la delimitación de la zona de retiro de los humedales diferentes a los regulados en el presente Acuerdo se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Resolución 0157 de 2004, modificada por la Resolución 1128 de 2006 y la Resolución 0196 de 2006 (…)”. Un cambio más semántico —de forma— que técnico —es decir, de fondo—.
De hecho, el Acuerdo 020 no hace este juego semántico solo una vez, sino múltiples veces. En su artículo tercero, en donde ajusta el artículo octavo del Acuerdo 028, cambia la palabra intervención por edificación. Por lo tanto, en los llenos sobre las fuentes hídricas, según el 028, se debía dejar libre de intervención una franja equivalente al doble de la máxima profundidad del lleno, pero en el Acuerdo 020 se debe dejar libre de edificaciones una franja equivalente al doble de la máxima profundidad del lleno. Además, permite “la ocupación del 50% del área del lleno”, aumenta los usos que pueden tener estos suelos con la incorporación del concepto Recreación activa con restricciones —que define el mismo Acuerdo 020 como el conjunto de actividades dirigidas al esparcimiento y ejercicio de disciplinas lúdicas, artísticas o deportivas, y en donde se permite la construcción de infraestructura liviana que no implique excavaciones ni edificaciones en altura— y determina que, para el resto del lleno, la construcción de edificaciones se sujetará a la capacidad portante de éste, según los resultados de estudios del suelo.
Lo anterior no llamaría mucho la atención si esos cambios no estuviesen estrechamente relacionados entre sí, pero lo están. Al disminuirse de 15 m a 6 m la franja protectora que se debe dejar a ambos lados de una fuente hídrica canalizada de manera cerrada, además de incentivarse el uso de ésta, se ganan 9 m de tierra urbanizable, y debido a las prácticas de los constructores —que al tener frente ellos una fuente hídrica canalizada de manera cerrada lo que hacen es taparla con un lleno para crear un suelo ficticio—, pueden hacer sobre esos suelos, y gracias al mismo acuerdo —y a su juego semántico—, cualquier cosa que no sea una edificación, y pueden ocuparlo en un 50% con infraestructura liviana dirigida al esparcimiento y ejercicio de disciplinas lúdicas, artísticas o deportivas, mientras que en el resto del suelo del lleno sí que podrán hacer edificaciones dependiendo de la capacidad de éste.
Andrés González, ingeniero hidráulico de la Universidad Nacional y profesional especializado de Aguas y Aguas de Pereira, que realizó el estudio de la calidad de las canalizaciones que se han realizado en la quebrada La Dulcera en uno de sus tramos, asegura que “por la necesidad de construir y el afán de tener predios para hacer obras urbanísticas no se tuvieron en cuenta diseños y obras buenas para la canalización del tramo uno, el cual se inicia en el edificio Alquitrabe y finaliza en la clínica Pinares Médica —tramo localizado a tan solo 600 m de donde se pretende construir el controvertido edificio Élite—. Lo que hicieron fue una canalización cerrada y utilizaron acero liso, cuando lo ideal es acero corrugado, el concreto era muy delgado, era insuficiente para el caudal que carga La Dulcera y canalizaron muy profundo: hay tramos incluso a 21 m de profundidad y lo que hicieron fue un lleno con basura sobre la canalización, un lleno antrópico. Las consecuencias se vieron: las placas no aguantaron esos 21 m y la estructura falló, fue lo que todos supimos sobre el edificio Premium —proyecto inmobiliario de consultorios médicos y oficinas que actualmente se comercializa y a finales de 2016 se vio envuelto en otro escándalo debido a la cercanía de sus cimientos con La Dulcera, que terminaron por desplomarse a la vista de todos—”.
El ingeniero González es enfático: “se canaliza para aprovechar el espacio, se deja que la quebrada siga por su canalización y simplemente se tapa, se hace un lleno, y se aprovecha el espacio que hay arriba para construir” y agrega: “para lo único que se justifica canalizar una fuente hídrica es para hacer una vía, y ni eso, las quebradas deben dejarse como están: abiertas. Si se respeta la franja de retiro de 30 m que toda fuente debería tener no habrá problemas”. El ingeniero civil Oscar Jiménez, que cuenta con más de 20 años de experiencia y es el jefe del departamento de Planeación Técnica de Aguas y Aguas de Pereira, lo secunda: “la canalización cerrada las hace el urbanizador porque necesita explotar al máximo la tierra. Él no quiere dejar unos buenos retiros de protección para que la gente disfrute de la quebrada, todo lo contrario, la tapa para tener más tierra, no hay otra razón, porque la canalización abierta para contener la quebrada incluso sale más barato”.
Visto de esa manera se podría hablar del truco de la canalización cerrada, en donde un urbanizador a gran escala echa mano de ella argumentando riesgo para sepultar la fuente hídrica y ganar terreno urbanizable sobre los suelos del lleno que, ayudados por el Acuerdo 020, le permiten una amplia posibilidad de usos. Sin embargo, el problema es más complejo: “la mayoría de canalizaciones que se han hecho, si no son todas, en las quebradas La Dulcera, La Arenosa, Egoyá, Bedoya, Panorama y Letras, existen hace más de 40 años, por lo tanto, muchos lotes colindantes a esas canalizaciones se beneficiaron de esos retiros, ejemplo de ello es el edificio Élite”, asegura el ingeniero Rincón, y luego remata: “si el Acuerdo 020 no hubiera existido el retiro de ese edificio sería de 15 m, o de pronto más, pero el artículo cuarto deja esos retiros en 6 m. Es lesivo, sí, hay que reconocerlo, porque lo que pudo ser 15 m se bajó a 6 m, pero no hay que perder de vista que esas canalizaciones no son recientes”.
Las irregularidades detrás del Acuerdo
El concepto técnico y jurídico del Acuerdo 020 podría zanjar de una vez por todas las conjeturas que sobre él se tejen. Vamos a ello: en el literal E de las partes considerativas del acuerdo se puede leer que “El Consejo Directivo de la CARDER designó una Comisión Interna de Estudio, que junto con el Equipo Técnico de profesionales designado por el Director General de la Corporación, evaluaron de manera preliminar el Asunto y rindieron informe de recomendaciones finales ante la plenaria, el cual hace parte integral del presente Acuerdo” (sic). Este informe de recomendaciones finales, que se presentó ante la plenaria del Consejo Directivo —como lo registra el
acta 12 de 2013 de la reunión extraordinaria del Consejo Directivo (3)— y hace parte integral del Acuerdo 020, fue el documento titulado
PROPUESTA PARA PRECISAR ASPECTOS TÉCNICOS DEL ACUERDO CARDER N° 028 DE 2011(4) (sic) y el contenido de éste es tan solo la copia de los artículos que se propusieron modificar del Acuerdo 028 del 2011, junto con la copia de los artículos finales del Acuerdo 020, en donde se subrayan los cambios realizados y explican el por qué de éstos brevemente.
Del documento llaman la atención tres cosas: primero, el párrafo donde se menciona la ampliación de los usos de las áreas de los llenos, donde se cambia el término intervención por edificación y se permite la ocupación del 50% con usos de recreación no solo pasiva sino también activa, no explica el por qué de este cambio y es el único que no tiene explicación dentro del documento; segundo, el cambio de 15 m a 6 m como retiro de las franjas protectoras de las fuentes hídricas canalizadas de manera cerrada se justifica “debido a que en este artículo solamente se tenían en cuenta canalizaciones existentes al momento de la expedición del acuerdo N°028/11, y ante la necesidad de considerar la profundidad de los drenajes a intervenir mediante canalizados atendiendo al artículo cuarto del acuerdo N°028/11” (sic), sin embargo el problema de las canalizaciones preexistentes no es abordado por el acuerdo 020 y, tercero, el documento carece de firmas de respaldo de la Comisión Interna de Estudio —que designó el mismo Consejo Directivo para que realizara el documento— y del Equipo Técnico —designado por Juan Manuel Álvarez Villegas, director en ese entonces de la entidad—. El documento se asemeja más a un borrador que a un informe de soporte técnico, como lo pretende hacer ver el Acuerdo 020. En su defensa, frente a la acción de tutela que implementó este diario para que se hiciera público el informe técnico del Acuerdo 020, la Carder argumentó que este texto era “el único documento que reposa en la entidad en relación con el procedimiento técnico llevado a cabo para la modificación del referido acuerdo”.
Debido a lo anterior, el juez Carlos Alberto Cardona, del Juzgado Tercero Administrativo de Pereira, le ordenó a la entidad que iniciara “
la reconstrucción de la actuación administrativa que contienen el informe técnico con las recomendaciones que sustentaron la aplicación del Acuerdo 020 de 2013, rendido ante la plenaria del Consejo Directivo”
(5). La Carder, entonces, respondió al fallo de la tutela, a través de la
Resolución 2095 del 1 de diciembre de 2017,
(6) asegurando que no había necesidad de reconstruir el documento ya que, gracias a una búsqueda exhaustiva y a reuniones realizadas con el personal encargado de la entidad, se había encontrado el informe técnico con su correspondiente acta de reunión. Sin embargo, el contenido anexo a la Resolución 2095 suscitó más incertidumbre: tan solo estaba el
Acta de Reunión n. 44,
(7) con más documentos mencionados como anexos pero que se encontraban sin adjuntar, mientras que el informe técnico seguía sin aparecer. Frente a lo anterior, este diario acudió al Incidente de desacato como última medida para recuperar el documento, la
respuesta de la Carder (8) fue dantesca: el informe técnico que presuntamente se había presentado al Consejo Directivo y había soportado técnicamente el Acuerdo 020 era, en efecto, el Acta de Reunión n. 44 que, a su vez, era diferente al concepto técnico que se había propuesto enviar al Ministerio de Ambiente.
Sobre dicha acta, con fecha del 15 de octubre de 2013, recaen, también, una serie de irregularidades. Primero, pese a que el objetivo de la reunión, según el documento, era “analizar técnica y jurídicamente el Acuerdo 028 del 17 de junio de 2011, con el propósito de definir posibles requerimientos de ajustes” el documento no evidencia las apreciaciones oficiales, ni técnicas ni jurídicas, que emitió cada grupo de estudio —Equipo Técnico y Comisión Interna de Estudio—y que serían a la postre el soporte del Acuerdo 020. Segundo, pese a que la
Resolución 2840 del 20 de septiembre de 2013 (9) emitida por la Carder, determinó que el Equipo Técnico estaría conformado así: por parte de la Subdirección de Gestión Ambiental Territorial Gustavo Alonso Osorio Osorio, José William Vélez Santa y Olimpo García Sepúlveda; por parte de la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial Mauricio Alejandro Restrepo Acevedo, Luz Celeste Ospina Rendón y Paola Andrea Taborda Londoño y, por último y como representante de la Oficina Asesora de Jurídica, Isaías Moreno Aricapa, los únicos que intervienen durante la reunión del grupo técnico, según consigna el acta, son Vélez Santa y Moreno Aricapa, que hacen un par de apreciaciones a manera de opinión.
El resto del equipo guarda silencio, no se ve debate, ni metodologías de ingeniería aplicadas al Acuerdo 020 o 028 y tampoco se registra al señor García Sepúlveda, integrante del Equipo Técnico, en el acta. Tercero, quienes sí registran intervenciones son: la abogada Liliana Ardila, actual secretaria general de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), que para ese momento, como este diario pudo evidenciar, no contaba con un contrato de prestación de servicios que soportara su intervención en la modificación del Acuerdo 028 ni hacía parte de la planta de la entidad, pero que registra en calidad de invitada en el acta y había sido
secretaria general de la entidad y directora encargada (9.0) en varias ocasiones anteriores; Jaime Guzmán, geólogo que para ese momento también era prestador de servicios vinculado a programas de gestión del riesgo del río Otún y del que tampoco se
evidencia contrato (9.0.1) que justifique su intervención; Gabriel Antonio Penilla, abogado y jefe de la Oficina Asesora de Jurídica que hizo la propuesta de modificación del Acuerdo 028, que luego se convertiría en el Acuerdo 020 sin modificársele ni una coma; Erika Nadachowski, bióloga de planta de la entidad adscrita a la Secretaria de Gestión Ambiental Territorial que, en calidad de invitada, hace algunos comentarios sobre el tema de humedales; Epifanio Marín, subdirector de Gestión Ambiental Territorial que recomienda una guía metodológica para apoyar el proceso de ajuste del Acuerdo 028 y soportar el Acuerdo 020, que nunca se hace; Julio Cesar Gómez, Subdirector de Gestión Ambiental Sectorial que luego denunciaría al señor Penilla por dilatar con maniobras ilegales el proceso de destitución que el Consejo de Estado ejecutó en contra del director de ese momento de la entidad, Juan Manuel Álvarez, por reelegirse por más de dos periodos y que lo pondría a él, más adelante, como director encargado de la entidad; y, por último, Francisco Antonio Uribe, esposo de Nadachowski y actual jefe de la Oficina de Planeación de la UTP, que para ese momento era jefe de la Oficina de Planeación de la Carder. Como invitada también registra Beatriz Elena Silva Tapasco, actual Subdirectora de Gestión Ambiental Sectorial, sin embargo, según el acta esta no interviene durante la reunión.
El Acta n. 44 también registra varias conclusiones a las que se llegó durante el encuentro, una de ellas determina que se debe “elaborar un concepto técnico con análisis jurídico para dar a conocer al MinAmbiente. Dr. Francisco”, sin embargo, este diario pudo verificar —gracias a una
audiencia de reconstrucción (9.1) de dicho documento en donde la Carder citó al señor Francisco Uribe en aras de acatar fallo de tutela proferido por el Juez Primero Penal del Circuito, Santiago Cuéllar Ramírez— que dicho concepto técnico no existe y lo que la entidad denomina como tal es nada más que la misma Acta n. 44 del 15 de octubre de 2013 —que también es el informe técnico emitido por el Equipo Técnico, que antes la Carder había asegurado eran dos documentos distintos—, que nunca se dio a conocer al Ministerio de Medio Ambiente ya que, según Uribe, era suficiente con que Juan Carlos Gutiérrez Casas, delegado del Ministerio y quien según el mismo Uribe hizo parte de la Comisión Interna de Estudio seleccionado por el Consejo Directivo, conociera el Acta y asegurara sobre ésta, en reunión de la Comisión, que “las propuestas están acordes con la temática ambiental y son claras, concluyendo que el informe está listo para ser presentado al Consejo Directivo en pleno para su análisis y decisión final” para tener el concepto favorable del Ministerio.
Otra de las conclusiones fue “elaborar la guía con las precisiones contempladas en el ejercicio de ajuste del acuerdo, con el fin de garantizar, su adecuada implementación” (sic), sin embargo, el ingeniero Gustavo A. Osorio, integrante del Equipo Técnico, aseguró en entrevista con este diario que hasta donde él tenía conocimiento no se hicieron ni talleres de socialización ni guía de aplicación del Acuerdo 020, “cuando hay actos administrativos como el Acuerdo 020 se envían por archivo interno y si hay alguna inquietud ahí sí se programa reunión”, recalcó.
Por su parte, el Acta n. 44 contiene la firma de solo dos integrantes del Equipo Técnico, designado por la Resolución 2840: el administrador ambiental Gustavo A. Osorio y la ingeniera ambiental Paola Andrea Taborda Londoño; más las firmas de Julio César Gómez y Epifanio Marín como soporte al revisado y aprobado del Acta.
La ingeniera Taborda, integrante del Equipo Técnico, aclaró al respecto que: “se hizo así porque el sistema de gestión de calidad de la Corporación determina que ese es el formato de las actas de reunión, las demás firmas se anexan al listado de asistencia”. Y sobre su rol en el Equipo Técnico Taborda comentó que: “si bien mi perfil es de ingeniera ambiental, en ese momento mis funciones eran administrativas, de convocar al grupo y documentar lo que se hacía, no de dar apreciaciones técnicas, por lo que mi posición técnica no está ahí”. Por su parte, Osorio comentó al respecto que: “las actas de reuniones no las firman todos, sino que se anexa el listado de asistencia y se pasa a revisión de uno o dos funcionarios para que den fe de lo que se está diciendo, a diferencia de un concepto técnico que sí es firmado por todos los que están involucrados en el análisis respectivo”. Sin embargo, este diario no pudo tener acceso al listado de asistencia del Acta N. 44.
Las inconsistencias permean al Consejo Directivo
La primera vez que el Consejo Directivo de la Carder habló sobre la idea de modificar el Acuerdo 028 fue el
5 de septiembre de 2013 durante la reunión extraordinaria número 10,
(9.2) dos meses antes de que ésta se aprobara, y fue el director de la entidad, Juan Manuel Álvarez, quien presentó el Proyecto de Acuerdo N. 18 de 2013 para su modificación, el cual se tituló “por el cual se fijan los lineamientos para orientar el desarrollo de las áreas urbanas de expansión urbana”.
Durante el desarrollo de esta reunión se eligió la Comisión Técnica que revisaría, junto con el Equipo Técnico, el Acuerdo 028 para sus posibles modificaciones, que más adelante serían las consignadas en el Acuerdo 020. Quienes hicieron parte de esta Comisión fueron: Mery Toncel, representante del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Gustavo Aristizábal Botero, representante del sector privado y gerente, en su momento, de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol); Piedad Colombia Duque, alcaldesa del municipio de Marsella y Barney Antonio Ibarra, alcalde del municipio de Quinchía. La tarea era “que revisen el tema con un grupo técnico de la Entidad y que una vez revisado, sea presentado al Consejo Directivo en pleno” (sic), según sugerencia del señor Felipe López Hoyos, representante del Presidente en el Consejo y fundador de la concesión Chevrolet (Pereira). Todos acordaron que del acto administrativo que de allí se desprendiera los soportes técnicos eran fundamentales.
El siguiente encuentro sobre la valoración del Acuerdo 028 y sus modificaciones se dio el 24 de octubre de 2013, mes y medio después de la primera vez que se mencionó el tema. El acta que da cuenta de ello se titula “
REUNIÓN COMISIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA ANALIZAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL ACUERDO 028 DE 2011 ACTA N. 1”
(9.3) (sic) y en ella se puede evidenciar que el único integrante de la Comisión original que asistió al encuentro fue el señor Aristizábal Botero. Ibarra no estuvo presente, Colombia Duque fue representada por Lucy Janeth Arcila y como delegado del Ministerio de Ambiente asistió Juan Carlos Gutiérrez Casas. Del Equipo Técnico asistieron Vélez Santa, Moreno Aricapa, Restrepo Acevedo y Taborda Londoño, sin embargo, ninguno de ellos se pronunció, quien hizo la presentación del resultado del equipo fue Liliana Ardila Gómez, contratista que para ese momento
prestaba servicios (9.4) de jurista relacionados con el Decreto 1640 de 2012, incompatibles con la labor que realizó durante el estudio de las modificaciones del Acuerdo 028, como se dijo anteriormente. Ardila presentó el informe “Propuestas para precisar aspectos técnicos del Acuerdo Carder 028 de 2011” el mismo documento sin firmas de respaldo que, al principio, la Carder argumentó era “el único documento que reposa en la entidad en relación con el procedimiento técnico llevado a cabo para la modificación del referido acuerdo”. Pese a las tremendas incongruencias, Gutiérrez Casas, personaje que asistió esa única vez a las reuniones del Consejo Directivo durante todo el año de 2013 como delegado del Ministerio, cerró la reunión asegurando que: “las precisiones propuestas están acordes con la temática ambiental y son claras, concluyendo que el informe está listo para ser presentado al Consejo Directivo en pleno para su análisis y decisión final”.
En la lista de invitados de ese único encuentro, donde la supuesta Comisión aprobó el trabajo del Equipo Técnico, se cruzan varios nombres que también aparecen en el Acta N.44 del 15 de octubre de 2013 —que sirvió como informe y concepto técnico para soportar el Acuerdo 020—: Epifanio Marín Ríos, Julio Cesar Gómez, Francisco Uribe y Gabriel Penilla Sánchez. Estos dos últimos también están siendo
investigados por la Procuraduría, junto con el exdirector Álvarez, por irregularidades en el proceso licitatorio de las obras de mitigación de inundación en La Virginia, Risaralda.
Doce días después, el proyecto “Por el cual se adiciona, precisa y ajusta algunas disposiciones contenidas en el Acuerdo 028 del 17 de junio de 2011” se presentó en la
reunión extraordinaria n. 12 del Consejo Directivo.
(3) Ese encuentro inició con un reclamo: “la información para el Consejo debe llegar con la suficiente anticipación”, precisó López, representante del presidente, haciendo referencia al pronunciamiento del Ministerio, que él mismo había solicitado en las reuniones previas, sobre el concepto técnico que soportaría el Acuerdo 020. En entrevista con este diario López regresa a ese momento y comenta que: “no tuve acceso a ese concepto técnico del Ministerio porque no llegó a tiempo, no tuvimos tiempo de revisarlo, por eso fui tan insistente al preguntar si los técnicos de la entidad estaban seguros de que esa decisión no iba en detrimento de nuestras cuencas y me dijeron que no, en ningún momento dudé de la buena fe de ellos y quiero que eso quede muy claro”. El pronunciamiento del Ministerio no llegaría ni ese día ni nunca: como se dijo anteriormente, Uribe argumentó que a la reunión de la Comisión “asistió el doctor Juan Carlos Gutiérrez Casas, delegado del Ministerio (…) lo cual en mi opinión equivale al aval técnico del ministerio, expresado por él mismo y ratificado además, con la firma de la respectiva acta del doctor Gutiérrez”. Y aunque Uribe también asistió a la reunión de aprobación del Acuerdo 020 y presenció el reclamo por la tardanza del concepto del Ministerio, jamás se pronunció.
El Ministerio también prefiere mirar a un lado, en
derecho de petición (9.5) enviado por este diario en el que se le envió un cuestionario sobre si se le solicitó pronunciamiento frente al supuesto concepto técnico y en qué fecha, ellos lo evaden compulsando como respuesta una
carta a la Carder (9.6) en la que solicitan, precisamente, el inexistente concepto técnico “para poder dar respuesta al derecho de petición”. Carta, a su vez, que tampoco ha sido respondida.
Pero volvamos a esa reunión extraordinaria del Consejo Directivo donde se aprobó todo este embrollo: Gómez le da la palabra a Ardila para que sea ella la que presente los resultados del Equipo Técnico frente al Consejo asegurando que ella “hizo parte de la Comisión”. Liliana asiente y presenta el mismo documento sin firmas titulado “Propuesta para precisar aspectos técnicos del acuerdo Carder N. 028 de 2011”, y asegura que los técnicos de la entidad están de acuerdo con él. Uribe nutre su intervención y dice que “se logró una participación articulada del Comité Directivo y el Comité Técnico recogiendo las solicitudes hechas por Camacol y otras entidades, adicionalmente reconociendo las dificultades en trámite que han existido en la implementación del acuerdo 028” y señala además que: “se hicieron reuniones de valoración y aprobación con un número aproximado de 15 personas y de lo cual reposan las respectivas actas”. Pero, cuando a la Carder se le pregunta por evidencia física de esas solicitudes hechas por Camacol y otras entidades que motivaron los cambios y ajustes del Acuerdo 028, y que dieron como resultado el Acuerdo 020,
responde (9.7) que: “no tenemos copia de solicitudes hechas por CAMACOL, ni de otras entidades” (sic) aduciendo que: “En febrero del 2013 el Doctor Gustavo Aristizábal Botero gerente de CAMACOL hacía parte del Consejo Directivo y en el marco del trabajo conjunto presentó una propuesta denominada “Factibilidad de construcción de edificaciones en zonas de llenos tecnificados sobre cauces intermitentes. Estudio Geotécnico” El cual dio inicio a la discusión para la revisión del Acuerdo 028” (sic). Sobre las “dificultades en trámite que han existido en la implementación del Acuerdo 028”, como asegura Uribe, la entidad respondió, en primera instancia, que “no sabemos con certeza cuales son los inconvenientes a los que se refiere el doctor Uribe” y luego, Uribe aseguró, en la declaración que dio, cinco años después, que: “hasta donde recuerdo las dificultades estaban relacionadas con las restricciones para la utilización de los llenos que dificultaban el desarrollo de proyectos urbanísticos y de infraestructura manifestadas por Camacol y respaldadas en una propuesta sobre el tema, entregada a la corporación a través de la agenda suscrita con dicha instancia”, entre otras dificultades mencionadas de las que no entregó evidencia, y que incluso chocan con el espíritu urbanístico y poco ambiental del Acuerdo 020. En cuanto a las “reuniones de valoración y aprobación con un número aproximado de 15 personas y de lo cual reposan las respectivas actas”, la Carder entregó como respuesta, además del Acta n. 44 que ya había enviado como concepto e informe técnico, otra
acta con fecha del 1 de octubre del 2013 (9.8) donde Ardila habla sobre la premura para darle una respuesta a Camacol por un “compromiso adquirido en la reunión del pasado 21 de agosto de 2013” ya que “el acuerdo 028 no permite que se hagan actividades diferentes a la Recreación Pacífica —pasiva— es decir que no se puede permitir la construcción de Viviendas” (sic) y Gómez, Subdirector de Gestión Ambiental Sectorial, recalca que: “debe realizarse una modificación concreta y unificar las posibles solicitudes porque no se puede pretender que con cada solicitud que le realicen a la Corporación, se esté cambiando el Acuerdo”.
Volvamos a la reunión del Consejo Directivo donde se aprobó el Acuerdo 020: Aristizábal, el representante del sector privado en la junta y gerente de Camacol, pide la palabra para asegurar que “fueron siete meses de revisión pero que tuvo como resultado un excelente trabajo”. Luego, la presidenta de la junta, María Mercedes Ríos Ayala, quien estaba delegada por el gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López, para que le representara pregunta: “¿la Comisión fue designada por el Consejo?” a lo que Ardila responde que sí, por lo que Ríos Ayala pide “que dentro de las consideraciones del acuerdo se establezca un ítem relacionado con el tema”. Así nace el literal E de las partes considerativas del Acuerdo 020, en el que se puede leer que: “El Consejo Directivo de la CARDER designó una Comisión Interna de Estudio, quien junto con el Equipo Técnico de profesionales designado por el Director General de la Corporación, evaluaron de manera preliminar el Asunto y rindieron informe de recomendaciones finales ante la plenaria, el cual hace parte integral del presente Acuerdo”. Luego, como registra el acta “la Presidenta después de haber sometido a consideración el acuerdo y existir suficiente ilustración sobre el mismo, abre la discusión y la cierra. El acuerdo es aprobado por unanimidad”.
¿Qué tan reales son los riesgos del Acuerdo 020?
Decir con exactitud las consecuencias de permitir canalizaciones cerradas y construcciones livianas y pesadas a 6 m de éstas, y sobre sus llenos, de los que a simple vista es imposible determinar de qué están constituidos, es una tarea quimérica. Sin embargo, el ingeniero Jiménez, de Aguas y Aguas, hace la siguiente reflexión: “el verdadero problema es que colapse la quebrada y se cree inmediatamente un problema de salud pública, como el colector está muy pegado si la canalización falla lo dañaría, y todo se volvería una mescolanza de aguas residuales y aguas de la quebrada. El agua tarde o temprano encontrará salida, se devolverá por las alcantarillas y posiblemente termine saliendo por los inodoros, sifones, inundará algunas casas”.
Eso si no hay ninguna infraestructura sobre el lleno de la canalización, pero si la hubiese, Jiménez dice, sobre los daños que se pudiesen presentar que: “son incalculables en estos momentos porque no sabemos en qué condiciones se construyó, eso solo lo sabe el constructor y Curaduría”. Pero, para nadie es un secreto que muchas veces los planos que se entregan a los entes de control no son los mismos que se ejecutan en el trabajo de campo, y que hay constructores tan osados que hacen los cimientos de sus obras a escasos metros de las canalizaciones y sobre los llenos, o lo que es peor, construyen las zonas verdes, vías internas, piscinas, gimnasios y salón de juegos —o lo que el 020 denominaría como recreación activa— de sus conjuntos residenciales sobre éstos.
Sin embargo, será cuestión de tiempo, a paso lento, para que lleguen las respuestas: “no hay nadie que esté haciendo las revisiones de capacidad hidráulica y estructural de esas canalizaciones y los temblores, las casas encima, los pavimentos, los carros ejercen presión y así como los humanos nos hacemos viejos las canalizaciones también, y aquí no hay nadie que tenga un observatorio y le esté haciendo seguimiento a esas canalizaciones, que les tenga hoja de vida y plan de mantenimiento porque las quebradas se pueden canalizar, el pecado es canalizarlas cerradas, porque el problema de estabilización y riesgo se puede solucionar igual que con un canal abierto y así la gente puede disfrutar de sus quebradas”, comenta Jiménez, y agrega: “ahí hay un vacío técnico y jurídico porque quien expide el permiso de ocupación de cauce para la canalización es Carder, pero ellos solo miran los estudios, no hay a quien entregarle la obra. Con Aguas y Aguas no es, nosotros somos acueducto y alcantarillado y, si hay que reparar algo, la empresa le estaría sacando plata a usted, usuario de alcantarillado, por algo que falló y no fue por nuestra culpa, ni nosotros la ejecutamos ni autorizamos”.
Cuando se le pregunta cuánto le cuesta a Pereira ese vacío jurídico y procedimental, responde: “ahora Egoyá se va a llevar 22 mil millones de pesos, aunque ahí hay otros factores que intervienen, y La Dulcera, en el tramo uno de la canalización, según un estudio que nosotros mismos hicimos, costará 23 mil millones de pesos. Ahora, la canalización no es nuestra competencia pero igual hicimos el
estudio,
(9.9) ¿si no lo hacemos nosotros, quién?, alguien lo tenía que hacer. No sé qué tan público sea ese estudio, pero se lo hicimos llegar a Camacol, Secretaría de Infraestructura, Personería, Procuraduría y Carder”. El ingeniero Rincón, de la Carder, argumenta que: “ese mantenimiento le corresponde al Municipio en unos casos y a Aguas y Aguas en otros”, pero cuando se le
pregunta a Secretaría de Planeación (9.9.1) por los certificados que debe expedir sobre las canalizaciones en suelo urbano de Pereira, justificados en términos del ordenamiento territorial del municipio, —y que están reglamentados por la misma Guía del Usuario de la Carder con la Resolución 567 de 1997— ésta medianamente atina a
responder,
(9.9.2) citando decretos ya derogados, que es en la Carder, a través de los Formularios únicos Nacionales, en quien recae toda la responsabilidad.
El problema parece no ser de nadie, pero tal vez sea de usted: piense en su casa, apartamento u oficina, pregúntese sobre qué tipo de suelo está construido. No se deje engañar, porque su entorno sea plano y completamente gris, por el concreto, no quiere decir que así haya sido el suelo original. Normalmente los constructores dan esta información muy por encima y casi nadie la entiende. Asesórese de un ingeniero civil ético. Si hay guaduales cerca hay más probabilidades de estar sobre las fuentes hídricas. Trate de identificar por dónde pasa la canalización y no cuente ni 6 m ni 15 m de retiro de protección, sino 30 m, como se lo precisó la
Procuraduría a Sandra Forero Ramírez,
(9.9.3) presidenta ejecutiva de Camacol en carta con fecha del 15 de febrero de este año. Estamos construyendo nuestra memoria de ciudad sobre quebradas encajonadas a metros bajo tierra que jamás conoceremos. Eso de sepultar nuestras fuentes hídricas como si fueran cosas muertas y no vivas tiene que acabar.
*El pasado febrero de 2018 el artículo cuarto del Acuerdo 020 fue suspendido temporalmente, se regresó a los 15 m de retiros que reglamentaba el Acuerdo 028. Esa pequeña victoria fue ganada por Jairo Leandro Jaramillo Rivera, director de la entidad que entró a reemplazar al destituido Juan Manuel Álvarez, de la mano del ingeniero Rincón. Al poco tiempo Jaramillo Rivera fue destituido por el Consejo de Estado debido a irregularidades procedimentales durante su elección. Antes de conocerse el fallo de su destitución Jaramillo dijo a este diario: “tal vez antes había mucha más injerencia de parte de los directivos con las posiciones de los técnicos pero, como siempre les digo a los funcionarios: lean la misión de la corporación, nosotros no estamos para ser unos constructores más, nosotros estamos para defender el medio ambiente”. A la pregunta de si cree que hubo irregularidades en el Acuerdo 020 respondió: “no tengo ningún argumento para afirmar eso”. Jaramillo fue el primer administrador ambiental que ocupó el cargo de director de la Carder en toda la historia de la entidad. Los permisos otorgados desde Secretaría de Planeación y Curaduría Urbana Primera para la construcción del edificio Élite fueron suspendidos provisionalmente, por ahora el edificio no va.
